El recién designado Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, quedó en el ‘ojo del huracán’, luego de trascender una demanda en su contra, ante el Consejo de Estado, por el incumplimiento de requisitos para desempeñarse como Gestor en ese mismo ministerio

El hecho se remonta al año 2020 luego de una convocatoria abierta por el ministerio para la provisión de cargos, en desarrollo del cual Luna Tapia no habría aportado la documentación legalmente requerida para ocupar el cargo.

Según lo revelado por W Radio, tras su designación, la respectiva Resolución del nombramiento fue demandada por Ramiro Rodríguez López, en su condición de apoderado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En efecto, Rodríguez López solicitó decretar la suspensión provisional de la Resolución 0089 de 2020, que igualmente fue demandada, “por ser clara la transgresión normativa” respecto de las disposiciones legales y constitucionales que rigen la materia.

En concreto, precisó que no cumplió los artículos 122, 124 y 125 de la Constitución que determinan que los empleos estatales, como el contemplado en la citada Resolución, se encuentran circunscritos a un fuerte marco de legalidad, en cuya virtud no pueden proveerse cargos que no se encuentren contemplados en la planta de personal de los ministerios, siendo imperativo cumplir los requisitos previstos en la normatividad para el ejercicio de los mismos.

Tampoco cumplió con los artículos 1, 2, 4 y 5 del Decreto 2400 de 1968 que disponen que para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción “se requiere la existencia de un nombramiento ordinario, para el cual es indispensable acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y en el reglamento para el desempeño del cargo”.

Según el demandante, en la página 82 de la Resolución 00008 de 2019 expedida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se establece como requisito para el desempeño del cargo de Gestor de Ciencia y Tecnología, acreditar 36 meses de experiencias, “los cuales no fueron legalmente aportados”.

Igualmente, respecto del documento proveniente del exterior, concretamente la certificación presentada por Arturo Luis Luna Tapia, para acreditar su experiencia, específicamente en la University Of Tennessee Science Center, “no se cumplió con lo dispuesto en la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos”.

Concretamente, para el demandante:

- No es posible evidenciar la fecha de expedición.

- No se cumplió con la cadena de legalización que incluye la traducción y apostilla.

“Y resulta que los requisitos previstos en las normas no fueron cumpliudos respecto de la certificación de la University Of Tennessee Science Center presentada por Arturo Luis Luna Tapia, pues no existe la traducción oficial, ni la firma de un funcionario del país en que se emitió, ni la firma del Cónsul  colombiano ni el de un país amigo, así como tampoco una descripción clara de las funciones desempeñadas que permitan constatar el cumpñimienmto de los requisitos de experiencia, todo lo cual permite sostener que o bien no está acreditado el cumplimiento del requisito de los 36 meses de experiencia o el mismo no se cumplió”, sostiene.

Ambas posibilidades fueron establecidas como hallazgos en la investigación adelantada en su momento por la Dirección de Talento Humano del Ministerio, a cargo de Carlos Enrique Camelo Castillo.

Esta dependencia desarrolló una investigación al respecto y cuyos resultados fueron remitidos el 30 de marzo de 2021 a la Ministra Mabel Gisela Torres Torres y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gabriel Antonio Cancino González.

No es el primer funcionario designado por el Presidente Gustavo Petro Urrego que enfrenta líos jurídicos pendientes.

Recientemente también fue denunciado el caso de la designada MinTic

Mery Gutiérrez por su posible incompatibilidad para desempeñar el cargo, al tener demandada a la Nación por la no despreciable suma de 45 mil millones de pesos.